Miembros del Foro Solidario por el Agua de la Comunidad Valenciana
El Gobierno aprueba un plan para enviar agua a la capital catalana diferente al que anunció Medio Ambiente - Aragón coincide con De la Vega: "No es un trasvase"
Y Barcelona beberá agua del Ebro. El primer Consejo de Ministros del segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó ayer de forma urgente "la conducción" de agua del Ebro a Barcelona para que esté a punto en seis meses, justo cuando las reservas amenazan con dejar a la capital catalana sin agua.
El Gobierno aprueba el trasvase del Ebro 'sumergido' en un clima de protestas
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De la Vega: "Los ciudadanos de Barcelona se encontrarán en octubre sin agua para beber"
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La obra tardará seis meses y llegará en octubre, justo para evitar cortes de agua
Oficialmente no se trata de un trasvase, como insistió ayer una y otra vez la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y subrayó el Gobierno de Aragón, que por primera vez apoyó públicamente la medida. "No se saca un litro del caudal del Ebro", recalcó De la Vega.
Se trata de una tubería de 62 kilómetros cuya construcción costará 180 millones de euros y con la que el Ministerio de Medio Ambiente prolongará el minitrasvase que abastece a Tarragona. Para ello, el Gobierno aprobó un decreto-ley que autoriza el trasvase de agua del Ebro a las Cuencas Internas de Cataluña y una reforma de una ley de 1981 que prohibía el minitrasvase a Barcelona.
Por esa tubería viajarán hasta Barcelona los excedentes que no bebe Tarragona y el agua que se compre a los regantes de la cuenca del Ebro. Así, el caudal del río queda, en teoría, intacto. Los cinco millones y medio de habitantes del área metropolitana recibirán unos 50 hectómetros cúbicos (cada hectómetro equivale a un volumen como el de un gran estadio de fútbol).
La obra tardará seis meses y llegará en octubre, con el tiempo justo para evitar los cortes de agua. Según el decreto-ley, sólo puede funcionar hasta que la desaladora de Barcelona, que es la que debe ahuyentar definitivamente el fantasma de la sequía, lleve funcionando 30 días, lo que se espera para junio de 2009.
El plan de compra de derechos de agua a regantes finalmente aprobado contradice el anunciado el miércoles en Barcelona por la nueva ministra de Medio Ambiente y Medio Rural, Elena Espinosa. La ministra anunció entonces que el agua saldría del ahorro motivado por la modernización e impermeabilización de acequias del delta del Ebro. Una obra que es imposible acometer ahora que ha empezado la época de riego de los arrozales, según los mismos agricultores se encargaron de recordar el miércoles.
La fórmula de comprar derechos de agua es similar a la utilizada desde 2005 para que Murcia y Alicante beban el agua que compran a los regantes del Tajo. Sólo que allí el decreto-ley señala que el agua comprada "se computará como volúmenes trasvasados a todos los efectos". Aunque allí tampoco afecta al caudal del Tajo sí se considerada agua trasvasada.
De la Vega defendió "la conducción" y dijo que no hacer nada sería "imperdonable, pero sobre todo irresponsable". La vicepresidenta señaló que el Gobierno haría lo mismo en cualquier parte de España y acusó a la Generalitat valenciana de "humillar a los ciudadanos de Barcelona por reclamar exactamente lo mismo que tuvieron con todo derecho y cuando lo necesitaron los ciudadanos de Valencia", en referencia a las obras de emergencia que en el pasado han servido para abastecer ciudades como Valencia o Benidorm y que el ministerio comparó con la actual.
Que se llame trasvase o no podría parecer un detalle menor pero es capital. Tanto, que De la Vega esgrimió un informe de la Abogacía del Estado en el que se niega que se trate así, ya que no hay "captaciones adicionales a las ya existentes". Al llegar al poder, el Ejecutivo socialista derogó el trasvase del Ebro a Almería, Murcia, Valencia y Barcelona, que diseñó al PP (20 veces mayor que el de ayer y permanente) y no tolera unir los términos trasvase y Ebro.
La tubería se pagará desde los Presupuestos del Estado, pero con el dinero que ya estaba decidido que se invirtiera en Cataluña, conforme a a la disposición adicional tercera del Estatuto. Esto provoca un problema a la Generalitat, que tenía destino para esos fondos, con la excepción de 110 millones. Los consejeros se han mostrado reacios a reducir sus partidas y alguno de ellos ha recordado que, casualmente, la partida destinada a inversiones de Medio Ambiente es de 180 millones, lo que costará la obra.
La decisión del Gobierno y el diccionario comprometen al presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, que se opone a cualquier tipo de trasvase desde el Ebro (así lo marca su Estatuto). Pero Iglesias se mostró de acuerdo con el Gobierno en que la tubería no es trasvase sino "conducción de los caudales ya cedidos". Esto coincide con el dictamen de la Abogacía del Estado y añade que, por eso, no es necesario el informe preceptivo de Aragón. La oposición no se ha tomado igual las cosas, ya que, en teoría, con la compra de agua se podría enviar agua a Castellón. La Chunta ha convocado hoy un acto en su sede con el lema es "si esto no es un minitrasvase esto no es una miniconcentración". El PP dice que el proyecto hipoteca las necesidades de los aragoneses. IU tampoco traga con la nueva definición. El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, concluyó que no puede oponerse a un trasvase para consumo.
Los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y Murcia, del PP, reaccionaron de otra forma. No critican el trasvase del Ebro a Barcelona, sino que piden un trato similar. El Gobierno valenciano apoyó la constitución de una plataforma de alcaldes para que Zapatero recupere el derogado trasvase del Ebro a esos territorios. Los consejeros podrán verse hoy en Madrid, donde el Gobierno les ha convocado para calmar la guerra del agua.
Con información de Rafael Méndez, Joaquín Ferrandis, Concha Monserrat y Francesc Arroyo.
(publicado en el pais.com)
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